60 extranjeros que cumplían condenas por diversos delitos en las cárceles de nuestro país, han sido expulsados en el contexto de una medida especial, que les permite conmutar una parte de la pena con el retorno a sus países de origen, sin la posibilidad de retornar a Chile en un plazo de diez años.

Se trata de procedimientos de expulsión donde los Departamentos de Extranjería de la PDI cumplen una labor importante, ya que en la práctica, son los encargados de poner en práctica las resoluciones judiciales.

Este es solo el inicio de un plan masivo de expulsiones que se ha coordinado con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que podría llegar a la expulsión de dos mil personas. Aunque existen organizaciones de derechos humanos y de migrantes cuestionan la medida, lo cierto es que esta disposición busca antes de agosto, sacar del país a doscientos internos que registran condenas sobre cinco años de cárcel.

El segundo grupo de expulsados estará compuesto por inmigrantes irregulares que definitivamente no cumplieron con las exigencias de normalización de su situación en el país, que estableció el Gobierno en abril pasado.

 Desde las cárceles del Valle de Aconcagua, han sido expulsados ocho extranjeros en lo que va de este año, específicamente migrantes que han sido condenados y que ya retornaron a sus paíeses, específicamente,  a Bolivia, Ecuador y Uruguay, aun cuando esta cifra podría aumentar considerablemente en lo sucesivo.

El jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, comisario Julio Vega Muñoz, recalcó que este plan nacional se implementa a partir de las resoluciones judiciales.

Una de las principales críticas de organizaciones de derechos humanos acerca de esta medida, dice relación con el impacto que tienen estas expulsiones y la imposibilidad de retornar a Chile en un plazo de diez años, para los familiares de estos migrantes. Lo anterior, a partir del alejamiento que se produce. Acerca de ello, el comisario Vega señaló que las familias de los migrantes deportados, si han regularizado su situación en el país, pueden efectivamente mantenerse en Chile o bien, regresar a su país de origen, lo anterior, recordando que las resoluciones judiciales afectan a quienes han sido condenados y en definitiva, la expulsión es una forma de conmutar una parte de la pena privativa de libertad, sin perder de vista que en Chile cometieron uno o más delitos.