Por mil 200 millones de pesos, una suma que a juzgar por el alcalde Edgardo González pondría en jaque las arcas edilicias, demandó la familia Pulgar Gaete, a la municipalidad de Llay Llay. Esto, a raíz del perjuicio sufrido luego que la corporación edilicia cediera terrenos de los cuales una parte correspondía a la que se le había autorizado para labores de explotación comercial, en el contexto de la extracción de áridos.

Según la abogada de la familia Pulgar Gaete, Loreto Allende, se trata de la consecuencia de una medida que adoptó en 2016 el entonces alcalde Mario Marillanca, cuando a través de un decreto alcaldicio firmado en el mes de abril, permitió que una empresa que hizo negocios con la concesionaria OHL, efectuara la extracción con fines comerciales de áridos en un sector del río que incorporaba el terreno que le habían autorizado a su vez a este grupo familiar y donde además estaba emplazado su domicilio.

A juicio de la profesional, la demanda en contra de la corporación edilicia y el monto que se exige, es el resultado de un cálculo aritmético, basado en los dineros que dejó de ganar la familia y las ganancias que obtuvo la empresa a propósito de la venta de áridos a OHL, así como por otros negocios realizados.

La abogada Allende explicó que lamentablemente, el alcalde González solo ha contado una parte de la historia, que dice relación con la demanda que esta familia interpuso en contra del municipio, pero no da cuenta sobre los detalles de esta acción judicial, principalmente en lo relacionado con la responsabilidad que tiene la municipalidad en este hecho.

El alcalde Edgardo Gonzalez en tanto, salió al paso de la acción judicial a través de la prensa, asegurando que no permitirá como primera autoridad de la comuna, que una demanda lleve a la quiebra a la municipalidad de Llay Llay. Desde esa perspectiva, manifestó que defenderán los intereses de la corporación edilicia y por ende, de toda la

Más allá de quién haya sido la primera autoridad comunal de la época en que se firmó este decreto alcaldicio que terminó afectando a este grupo familiar y por cierto, independientemente del negativo impacto que podría generar en la municipalidad de Llay Llay, la abogada Allende asegura que la demanda tiene sustento y además, existen pruebas suficientes que permiten fallar a favor de la familia Pulgar Gaete.