Fue luego de contar lo que ocurría en su colegio, someterse a una serie de peritajes y por cierto, lograr la confesión de su victimario, que el Tribunal de Garantía de Los Andes decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un adulto mayor que había violado en reiteradas ocasiones a su nieta de ocho años de edad.

Con 71 años de edad y contando con la plena confianza de todo su grupo familiar, el técnico agrícola  desde 2013 comenzó a violar a su nieta cuando entonces tenía cinco años. El caso recién se develó tres años más tarde, cuando en su colegio terminó contando lo que estaba ocurriendo con su abuelo y se inicia una serie de acciones investigativas. De eso ya casi dos años, pues en 2017 se hizo la denuncia, pero fue necesario desarrollar una serie de pericias y diligencias, pruebas científicas y psicológicas.

El sujeto, a cambio de dulces y de dinero, lograba que la niña se sometiera a estos terribles vejámenes.

El subprefecto Ernesto León, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, comentó que el propio imputado terminó reconociendo su responsabilidad en los ataques sexuales, lográndose tras diversas acciones investigativas, constatar también lo que acontecía, lo que permitió llevarlo a audiencia de formalización por su responsabilidad en este episodio.

Se trata de C.A.M.B, de 71 años de edad, quien aprovechaba la instancia en que se quedaba sola en la casa de su abuela, de quien él estaba separado, para perpetrar los abusos en contra de la niña.

En al menos seis oportunidades el individuo abuso o derechamente violentó sexualmente a la pequeña. Así al menos logró establecerlo la investigación que ya registra un significativo avance.

De ahí que, en la audiencia de formalización, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, dada la peligrosidad de este antisocial, petición que fue acogida por el tribunal de garantía, pese a los argumentos esgrimidos por el defensor en torno a que su representado no tiene antecedentes y ha colaborado con la investigación.

La jueza Valeria Crossa decretó la cautelar en atención a que este sujeto representa un peligro para la sociedad y decretó su ingreso a la cárcel de Petorca. La investigación tiene un plazo de 3 meses para su término.