En la ocasión se explicó los alcances de la Ley 20.998 que regula el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales en lo que se convertirán las APR

Desde el 20 de noviembre está vigente la Ley 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Esta establece el marco regulatorio para la provisión de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento en zonas rurales. Un tema sumamente relevante para Panquehue, cuyos habitantes se abastecen de los comités de agua potable rural.

El miércoles 4 de agosto, el alcalde Gonzalo Vergara Lizana y su equipo técnico se reunieron con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y, por supuesto, la mayoría de los representantes de las cooperativas de agua potable rural de la comuna.

Sobre ello, el jefe comunal indicó que en esta reunión “se trataron temas importantes y sensibles como son el agua potable, APR y cobro de alcantarillado, que complican a los vecinos. Estamos contentos porque se despejaron muchas dudas con respecto a esta ley que está en vigencia. Estamos contentos por las respuestas que nos dieron (los personeros de la Superintendencia de Servicios Sanitarios). En los próximos días vamos a informar los pasos a seguir a nuestros vecinos ya sea en el tema de agua potable o alcantarillado”.

“Alguien por ahí decía que esto era algo histórico porque habían representantes que no pisaban hace mucho el municipio. (En la reunión) se pudieron conversar sobre el manejo del agua y de los derechos de agua”, complementó el alcalde Vergara, respecto a la buena concurrencia de los comités y cooperativas de las APR.

Eduardo León, Secretario de Planificación del municipio, señaló que “con la nueva ley viene un cambio importante y ahí está implicado el municipio y los comités. Panquehue es la única comuna que el agua potable está en manos de sus vecinas y vecinos. Con la nueva ley, hay una responsabilidad por parte de los comités de APR de asumir todo lo que es el tratamiento de aguas servidas. Y sabemos que en Panquehue hay un problema que hay que solucionar”, añadió el secplac.

León recalcó que “la idea es preservar en manos de las vecinas y vecinos tanto el agua potable como el tratamiento de aguas servidas. Quedamos en el compromiso de avanzar en capacitación. Hay varios organismos implicados en esto como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de Salud. Y es probable que el siguiente paso sea que el municipio organice un seminario con los dirigentes por una plataforma digital”.

En cuanto a la regulación de las tarifas, el secplac indicó que esta modalidad “ya no va a ser a criterio de cada comité; sino hay una regulación en que la Superintendencia va a regular que la tarifa asegure la sostenibilidad económica de los servicios sanitarios rurales”.

León indicó que otro desafío será ayudar a las APR a tener sus derechos de agua. “Por ejemplo, hay una carta de navegación para que todos los comités tengan sus derechos y también mejorar sus instalaciones”, dijo.

Carlos Órdenes, jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, explicó que con los vecinos “conversamos relacionados a los servicios que se entregan tanto de agua como de alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas. Los vecinos también nos plantearon algunos temas y nosotros, en la medida que pudimos responder, lo hicimos. Quedamos coordenadamente para trabajar en un futuro respecto al agua potable y alcantarillado”.

“Las competencias (de la Superintendencia de Servicio Sanitario) en la nueva ley de Servicio Sanitario Rural, establecen que nosotros debemos velar por la calidad y continuidad de servicio que se entrega tanto de agua potable como alcantarillado y también la fijación de tarifa. Eso significa en la medida que se requiera la Superintendencia va a estar en terreno observando o fiscalizando a calidad de servicio en base a eventuales denuncias, pero a su vez hay un trabajo muy colaborativo con los sistemas porque todos sabemos que los dirigentes tienen mucha vocación de servicio, compromiso y entrega. Y en ese aspecto, como superintendencia vamos a apoyar técnicamente cuando se requiera”, agregó Órdenes.

Por su parte, Juan Pablo Jaque, coordinador de los Servicios Sanitarios Rurales de la Superintendencia, manifestó cuáles fueron las principales inquietudes de los vecinos: “Estas dudas, principalmente, tuvieron que ver con la prestación de servicio de alcantarillado y cómo se va a prestar el servicio bajo este esquema de la nueva ley de los Servicios Sanitarios Rurales. 

El principal objetivo de la ley es que los servicios sean sustentables en el tiempo. Bajo esta figura, a la Superintendencia le otorga facultades fiscalizadoras y cálculos de tarifas asociados, que el servicio sea sostenible en el tiempo. Es decir, se puedan pagar los costos asociados a la prestación de servicio”.

Luis Viveros, secretario de la APR de San Roque, señaló que “sacamos varias cosas en limpio y más adelante ojalá tengamos otras reuniones para ver el problema que tenemos las mayorías de las APR que son los derechos de agua”.