Este lunes se realizó la audiencia de formalización en contra de R.N.M.R. (25), imputado por el delito de violación con fuerza e intimidación y con la circunstancia de aprovecharse de que la víctima se encontraba privada de sentido, hecho ocurrido el pasado 17 de abril en la comuna de San Felipe.
“Se expusieron los antecedentes, los cuales acreditaban que el imputado había tenido participación en el hecho y había actuado con fuerza Intimidando a la víctima y aprovechándose que ella se encontraba dormida”, señaló el fiscal a cargo del caso Andrés Gallardo.
Cabe destacar que en la audiencia se analizó la investigación respecto a la coartada que había entregado el imputado, “la cual resultó ser insatisfactoria para acreditar que las relaciones sexuales habían sido consentidas”, sostuvo.
“El punto importante es que el hecho de que el imputado haya sido expareja de la víctima no justifica, bajo ningún punto de vista, que tenga un dominio sobre ella y que pueda acceder a tener relaciones cuando él lo quiera, sin tomar en cuenta a la otra persona”, finalizó el fiscal.
INVESTIGACIÓN BRISEX PDI
Fue la Brigada de Delitos Sexuales de Policía de Investigaciones de Los Andes, la que por orden del fiscal Andrés Gallardo se hizo cargo de las investigaciones respecto al caso, quienes el mismo detuvieron al imputado “un hombre mayor de edad iniciales R.N.M.R. por el delito de lesiones a mayor de 14 años ocurrido en la ciudad de San Felipe”, dio a conocer la Comisaria María Ester Muñoz, Jefa BRISEX Los Andes.
Los oficiales, por instrucción del ministerio público, concurrieron hasta las dependencias del hospital San Camilo en San Felipe, donde recabaron antecedentes y tomaron declaración a la víctima, “la que señala que el individuo habría ingresado por una ventana del segundo piso de la vivienda. La víctima se encontraba en compañía de su hijo menor de tres años, donde fue reducida y violentada sexualmente”, manifestó la oficial.
El sujeto, quien mantenía arresto domiciliario por contingencia COVID – 19, quedó en prisión preventiva por los 180 días que se fijó de plazo para investigación, por el peligro que representa para la seguridad de la sociedad y la propia víctima.
